El Diputado del Común remitió el 31 de julio del año en curso a la Defensora del Pueblo estatal, al Presidente del Congreso de Los Diputados, al Presidente del Parlamento de Canarias y al Presidente del Gobierno de Canarias, su renuncia al aforamiento previsto en el Ordenamiento jurídico vigente, al coincidir con el sentir de la ciudadanía y con el de algunos defensores del pueblo autonómicos en lo innecesario de la desigualdad de trato ante la Ley de determinados cargos institucionales.