Teguise, a 31 de octubre de 2013.- Los Defensores del Pueblo presentaron en la tarde de hoy las conclusiones extraídas de las XXVIII Jornadas de Coordinación que han tenido lugar en Lanzarote y en la que analizaron la aplicación en España de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad a los cinco años de su entrada en vigor. El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, fueron los encargados de cerrar estas Jornadas y presentar dichas conclusiones, entre las que cabe destacar, en primer lugar, que «la Convención establece un nuevo paradigma respecto de la discapacidad que supera la visión asistencialista para proponer un modelo social de la discapacidad basado en los Derechos Humanos».
Los Defensores del Pueblo acordaron también que «deben abordarse con urgencia reformas legales que ajusten los ordenamientos jurídicos al tratamiento que ofrece la Convención con relación a la capacidad jurídica. Dicha reforma, ha de superar definitivamente el modelo de «sustitución de la voluntad» para asumir el de «apoyo o asistencia en la toma de decisiones». A tal efecto resulta necesario dotar a la Administración de Justicia de los medios suficientes para poder desarrollar este nuevo enfoque».
La necesaria reforma legal de la medida de internamiento involuntario, que deriva de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, debería aprovecharse para desvincular dicha medida de la idea de discapacidad y abordar todas las situaciones en las que una persona (con discapacidad o no), puede ser ingresada sin su consentimiento, fue otra de las conclusiones extraídas.
Además, sostuvieron que «la contención física o farmacológica puede constituir una restricción de derechos fundamentales y, como tal, requiere de un régimen de aplicación y supervisión especialmente estricto, tanto en lo referente a su autorización, como a su prolongación en el tiempo».
Consideran además imprescindible que «en la actual situación de crisis económica, es necesario fortalecer y garantizar los derechos de los padres con discapacidad y de sus hijos, diseñando una serie de medidas de apoyo que eviten que la discapacidad pueda llevar a la retirada de la tutela de los hijos».
Por otra parte, recomendaron a las administraciones que revisen y actualicen la múltiple terminología que emplean para referirse a la discapacidad, con el fin de favorecer un cambio de percepción, y luchar contra los estereotipos y prejuicios.
«Los Defensores proponemos el establecimiento de un sistema unificado de acreditación de la discapacidad, como el que prevé la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad», fue otra de las resoluciones adoptadas en este foro.
Para los Defensores del Pueblo «resulta inexcusable que se activen los trabajos para disponer de un nuevo baremo de evaluación de discapacidades que supere las limitaciones del actual, muy centrado en los aspectos de tipo físico o sensorial». Al tiempo que reclaman «una aplicación más estricta de las facultades inspectoras y, en su caso, sancionadoras en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, dada la inaplicación de esta normativa. Esta situación entraña el riesgo de que estas conquistas legales acaben siendo consideradas meras declaraciones retóricas».
«Consideramos necesario difundir