El Diputado del Común reclama al Gobierno que agilice la Prestación Canaria de Inserción.

Santa Cruz de La Palma, a 23 de septiembre de 2013.- El Diputado del Común ha insistido en la necesidad de que se reduzca el plazo de resolución de los expedientes de la Prestación Canaria de Inserción de nueve a tres meses como máximo, una vez que el Gobierno de Canarias anunciara recientemente la modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, que regula estas ayudas.

Este Comisionado Parlamentario ya se había dirigido tanto a la consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, como a los grupos parlamentarios, con el fin de transmitirles la necesidad de esta modificación, acorde con la realidad socioeconómica actual, que hace necesario reducir los plazos de resolución de estas prestaciones, tanto en la tramitación municipal como en la autonómica, para garantizar una respuesta eficaz a los ciudadanos que reclaman estos recursos.-

Asimismo, el Diputado del Común también ha expresado su interés por la evolución del borrador de la conocida como futura Ley Canaria de Acción Social y Servicios Sociales, que reflejará y articulará, entre otras cosas, la nueva realidad de la cartera de Servicios Sociales, incorporando los apoyos a las personas mayores dependientes y con discapacidad.

En esta línea, el Diputado del Común lamenta que continúa la situación de retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos de la conocida como Ley de Dependencia. Una deficiencia que ha quedado reflejada no solo en los informes anuales del Diputado del Común al Parlamento de Canarias en los años 2011 y 2012, sino en otras instituciones, como el Consejo Consultivo de Canarias, el Consejo Económico y Social de Canarias y el Tribunal de Cuentas, donde hacen referencia a esa demora administrativa.

En relación con el Consejo Consultivo de Canarias, cabe subrayar que en algunos de sus dictámenes con ocasión de la tramitación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración pública, ha reconocido no solo la existencia del daño ocasionado al ciudadano por el mal funcionamiento del servicio de Dependencia, sino que también se ha hecho eco de lo manifestado por el Diputado del Común, en cuanto a la excesiva demora en la tramitación de los indicados procedimientos.