El Diputado del Común aseguró que en los últimos meses varias decenas de ciudadanos se han dirigido a esta institución para plantear estas quejas que atañen a una prestación social en cuya tramitación y gestión sostiene que «la Administración debería tener la máxima sensibilidad y celo al estar dirigida a personas que se en encuentran en una situación extrema y, en muchos casos, sin las necesidades básicas cubiertas». Cabe destacar que el perfil habitual de las personas que se acogen a estas ayudas son familias sin ingresos y con niños.
Por esta razón, el Diputado del Común se ha dirigido a la consejera responsable en materia social del Ejecutivo autonómico, Inés Rojas, para trasladarle su preocupación sobre el retraso que sufren estas ayudas. Saavedra expresó su comprensión por las dificultades que están atravesando las distintas administraciones para poder hacer frente a los servicios que prestan debido a los recortes presupuestarios; si bien consideró necesario «hacer un esfuerzo en fijar con responsabilidad las prioridades y dedicarle los escasos recursos disponibles».
Saavedra indicó que si la falta de respuesta a los usuarios de estas prestaciones tiene que ver con se hayan agotado los recursos presupuestarios, esta circunstancia se podría corregir, ya que «una vez aprobado por el Parlamento de Canarias recientemente la ley reguladora del crédito extraordinario, los incrementos de los recursos consignados al denominado Plan contra la Pobreza se puedan tramitar con la máxima urgencia y permitan el pago de la PCI a esas personas tan necesitadas de ayuda y solidaridad».