Santa Cruz de La Palma, 8 de marzo de 2016.- El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, y reclama un compromiso decidido por parte de las instituciones públicas y el conjunto de la sociedad en la promoción y defensa de la igualdad. Saavedra señala que esta lucha que han llevado a cabo históricamente las mujeres, y que en esta fecha se recuerda de manera especial, «toca de lleno el corazón de los Derechos Humanos y nos urge a trabajar colectivamente para eliminar cualquier tipo de discriminación».
La lucha contra la violencia de género, la discriminación laboral o fomentar la participación de la mujer en la vida pública, son terrenos en los que es «necesario trabajar y no bajar la guardia para lograr una transformación necesaria hacia una sociedad más justa e igualitaria». «Pese a que hemos avanzado en este terreno, no podemos cerrar los ojos o mirar hacia otro lado cuando todavía son muchas las mujeres que en Canarias son víctimas de la violencia machista y padecen discriminación por su género en el desarrollo de su vida laboral».
El Diputado del Común expresa su convecimiento de que la mejor manera de fomentar una sociedad igualitaria tiene su base en la educación, terreno en el que hay que cultivar los valores que permitan eliminar de raíz este grave problema del seno de la comunidad. «No podemos resignarnos ni normalizar conductas que sean discrimitorias con la mujer; debemos llevar este compromiso a todos los ámbitos de la vida», subraya.
Jerónimo Saavedra recuerda que las Naciones Unidas, dentro de la agenda internacional que aprobó el pasado año 2015, la llamada Agenda 2030, fija como uno de sus objetivos prioritarios poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas del mundo.
Entre los objetivos que recoge esta Agenda, destaca la eliminación de las desigualdades entre los géneros en la enseñanza; la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas; eliminar todas las prácticas nocivas (matrimonio infantil, precoz y forzado, o la mutilación genital femenina); reconocer y valorar los cuidados y trabajos domésticos no remunerados mediante la prestación de servicios públicos; la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. Además, contempla entre otros aspectos velar por la plena participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.