Santa Cruz de La Palma, 28 de julio de 2016.- El Cabildo de El Hierro ha aceptado la recomendación emitida por el Diputado del Común para que «se permita el ejercicio del derecho de acceso directo al Libro de Resoluciones y Decretos de la Presidencia por parte de los consejeros de la Corporación insular». Una resolución que es fruto de la queja que presentó el consejero de Podemos en la Corporación herreña, A mado Carballo Quintero, solicitando el reconocimiento del derecho de acceso a los decretos de la Presidencia, desde el momento de su emisión, sin necesidad de haberse dado cuenta al Pleno.
El Diputado del Común sostiene que el derecho de acceder directamente al Libro de Resoluciones y Decretos dictados por la Presidencia de la Corporación insular de El Hierro, se reconoce con independencia del conocimiento y control de éstos a través de las sesiones plenarias, «pues se está ejercitando el derecho fundamental de participación política, representando los legítimos intereses, anhelos y deseos de aquellos ciudadanos que han otorgado su confianza mediante el voto, debiendo facilitarse el correcto ejercicio de sus funciones por parte de esa Corporación local, requisito necesario para dar contenido efectivo a la función representativa que desempeñan los consejeros, en cuanto depositarios de la confianza y transmisores del sentir de una parte de los ciudadanos de la isla».
El Comisionado parlamentario entiende además que la política es el eje de la estructura democrática del Estado y el verdadero mecanismo a través del cual se legitima el funcionamiento de las principales instituciones en cada esfera territorial» y considera que «impedir el acceso al Libro de Resoluciones de la Presidencia porque el pleno ordinario ya permite conocer los Decretos y Resoluciones», tal y como esgrimió en un primer momento el Cabildo para no autorizarlo, «dificulta al consejero, más allá de lo razonable, el ejercicio de las funciones de control del Gobierno insular».
El Diputado del Común subraya que los políticos debieran tener siempre presente, desde la perspectiva temporal del cargo, que el ejercicio responsable del mismo, implica la garantía de los derechos fundamentales de los concejales y los consejeros de la oposición, estén o no adscritos, y que, en un sistema democrático, no solo promover el debate es consustancial al pluralismo, sino que, el respeto a los derechos de los demás es fundamento del orden político y de la paz social, debiendo remover los obstáculos y facilitar el ejercicio de tales derechos».