Tras la reunión mantenida con el vecino de La Graciosa, el Diputado del Común, Rafael Yanes, se ha comprometido a hacer un seguimiento de la evolución de la licencia
Tras la reunión con el vecino de La Graciosa, Victoriano Hernández, este martes, el Diputado del Común, Rafael Yanes, ha decidido abrir un expediente para poder realizar un seguimiento del estado de la licencia que tras siete años no ha sido resuelta.
«Ha habido un problema burocrático por la interpretación de si se aplicaba las normas subsidiarias de Teguise o el PRUG» ha explicado el Diputado del Común en Hoy por Hoy Lanzarote, y ha añadido que «en un primer momento se optó por la segunda vía, pero ahora se está tramitando mediante las normas subsidiarias. Lo malo es que tiene que ir el proyecto al Colegio de Arquitectos, a continuación tendrá que ir a Política Territorial y posteriormente tendrá que ir a Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote. Con lo cual es un trámite bastante largo».
También ha anunciado en los micrófonos de SER Lanzarote que se ha abierto un expediente «y vamos a hacer un seguimiento de ese trámite burocrático. No es aceptable que una persona quiera construir legalmente una parcela que es urbana según las normas subsidiarias y pueda tardar tantos años. No es posible. Ahí es cuando nos damos cuenta, y el Alcalde es el primero que me lo decía, que nuestro sistema burocrático falla en algunas cosas».
Aunque Victoriano se mostró agradecido, adelantó al Diputado del Común que seguirá en protesta «hasta obtener la licencia».
Viviendas en Lanzarote y Fuerteventura
Por otra parte, el Diputado del Común se ha referido al problema «apremiante» en materia de vivienda que se vive tanto en Lanzarote como en Fuerteventura.
«Lanzarote tiene una problemática muy particular en materia de vivienda», ha dicho Yanes, y ha explicado que «por un lado está el hecho de que casi en 20 años no se han construido viviendas públicas, y por otro lado está la gestión eficaz, de manera que la Comunidad Autónoma tenga parque de viviendas públicas para cumplir el artículo 47 de la Constitución, que dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna».
«Si la Comunidad Autónoma no tiene un parque sufiicientemente grande como para garantizarlo estaremos siempre en desventaja», advierte.