El Diputado del Común analiza el informe del Defensor del Pueblo sobre la migración en Canarias
Yanes asegura que la situación migratoria actual “es el inicio de una nueva realidad”
El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha hecho una valoración centrada en el reciente informe publicado por el Defensor del Pueblo sobre la migración en Canarias. La memoria aborda la crisis migratoria producida en el Archipiélago durante el año 2020, así como las distintas medidas a tratar para la configuración de una política migratoria española en un marco europeo común.
Yanes destacó que las razones de lo ocurrido se basan en aspectos sociales, económicos y demográficos. Así, señaló que Europa y España no cumplen a día de hoy con las recomendaciones de la ONU sobre la aportación económica para países en desarrollo, “un hecho que desemboca en la realidad que estamos viviendo actualmente”.
Entre las razones demográficas, el Diputado del Común ha indicado que “en el año 2050 el continente africano tendrá 2.500 millones de habitantes con una media de 18 años, mientras que Europa habrá disminuido su población a 440 millones de habitantes, de los que el 30% tendrá más de 65 años”. Una realidad para la que puso especial énfasis y afirmó que “no está siendo analizada en profundidad por la Unión Europea”.
En el año 2020 llegaron a las costas canarias un total de 23.023 personas de forma irregular, que junto con el último trimestre del año 2019 y lo que computa del ejercicio 2021, suman un total de 28.000 personas. Un hecho que Yanes afirmó no ser nuevo, ya que “en el año 2006 vino a Canarias un 30% más de personas inmigrantes que en 2020, para lo que se aprobó el Plan África con medidas para el control de la frontera, el sistema de repatriación o la integración de inmigrantes”, unas medidas que disminuyó el fenómeno migratorio pero que “el tiempo las olvidó”.
Mediante las visitas realizadas por el Defensor del Pueblo y por el Diputado del Común a distintas instalaciones y centros de acogida humanitaria y de menores no acompañados del Archipiélago, se constataron las condiciones que existían en estos lugares, así como el grado de cumplimiento del plazo legal de detención de 72 horas, de las asistencias jurídicas y de intérpretes, o de la libertad de movimiento. De igual forma, se verificaron las ocasiones en las que los niños eran separados de sus padres, así como la falta de ayuda e información a las familias en la búsqueda de sus allegados desaparecidos. De esta forma, Yanes señaló el caso del muelle de Arguineguín como la “imagen del fracaso”.
A la complejidad del efecto migratorio se ha sumado la crisis sanitaria que ha afectado a todos los ámbitos, incluida la gestión y las respuestas a las llegadas irregulares. Este informe destaca la carencia de coordinación administrativa que se ha puesto de manifiesto en el repunte de llegadas a Canarias mediante la improvisación en la política migratoria y, en consecuencia, en la falta de Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), de instalaciones adecuadas y de protocolos eficaces de identificación para la derivación de personas vulnerables.
A esto se añade la falta de plazas públicas de acogida que hace que no se pueda llevar a cabo la asistencia inmediata requerida, y que conduce a la utilización de recursos de emergencia, tanto para personas en situación irregular, para solicitantes de asilo, como para otros perfiles vulnerables.
Este estudio destaca la necesidad de evaluar en profundidad el protocolo de recepción que se sigue en costas, para garantizar una correcta identificación de las personas que llegan, e incide en la planificación de los recursos existentes en aquellos lugares de costa en los que es altamente probable que se repitan incrementos de llegadas irregulares por mar.
La Secretaría de Estado de Migraciones ha reconocido, según este informe, que la gran afluencia a las costas canarias hace muy difícil una solución inmediata que cumpla con la garantía de mejora de las condiciones de recepción y acogida de población inmigrante. Según el Defensor del Pueblo, es fundamental promover los traslados, pero también seguir trabajando en la búsqueda de espacios adecuados en Canarias que hagan efectivas la acogida de estas personas.
En consecuencia, la memoria aporta medidas a corto, medio y largo plazo para combatir esta situación. Entre las primeras se propone la creación de centros de acogida con instalaciones de carácter permanente que eliminen la improvisación, la dotación de personal y medios materiales, medidas que eviten fenómenos xenófobos en la población o protocolos de actuación bien definidos.
Asimismo, se recomiendan otras medidas para ser instauradas a medio y largo plazo como: el establecimiento de un sistema de coordinación dentro del Gobierno de la Nación, los acuerdos de coordinación entre comunidades autónomas o la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales de España con los países de origen de los principales flujos migratorios que le afectan, así como convenios con la Unión Europea en materia de migración.
Menores extranjeros no acompañados
Canarias tiene bajo su guarda a 2.666 menores extranjeros no acompañados, que suponen el 15% de las personas que han accedido de manera irregular a las islas durante el año 2020.
Según este informe, es “urgente” tratar la identificación de las necesidades de protección internacional y la detección de posibles víctimas de trata entre los menores que llegan, así como llevar a cabo una supervisión de los procedimientos seguidos para la determinación de la edad, la documentación de las residencias legales o la integración sociolaboral de estos menores una vez alcanzada la mayoría de edad, para la que el Diputado del Común propone “un permiso de residencia para que puedan trabajar una vez alcanzada esta mayoría de edad”.
Estas cifras tan elevadas evidencian la incapacidad de los servicios canarios de protección de menores de asumir en solitario esta acogida inmediata de menores y su posterior integración, ya que “no se disponen de los recursos materiales y personales suficientes para otorgar a estos menores el derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles”, según recoge el informe. No obstante, Yanes afirmó que “la cobertura educativa y sanitaria ha estado garantizada desde el minuto uno para todos los niños”.
Por consiguiente, el Defensor del Pueblo considera fundamental que la Administración General del Estado impulse un plan estratégico para la integración de estos menores y que se dé un reparto equitativo y solidario entre el resto de las comunidades autónomas. Medidas que serán viables siempre y cuando haya una “voluntad política y un liderazgo para su coordinación y financiación de la Administración General del Estado”, según recoge el estudio. Por su parte, el Diputado del Común indicó que “la Delegación del Gobierno ha actuado con mucha voluntad y muchos errores, basados en la improvisación y en que no aprendimos la lección” de las llegadas irregulares del año 2006.