Solicitan la mediación del Diputado del Común para derogar la Orden de 27 de octubre de 2021, por la que se establecen las normas de organización y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA); y hacer una nueva regulación
El Diputado del Común, Rafael Yanes, y el adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, se reunieron con los directores de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Gáldar, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas: María del Mar Santana, Juan Rafael Rosales, Manuel Funes y José Teixido, respectivamente, quienes pidieron la mediación del Diputado del Común ante la situación generada tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de una Orden, en la que se “limita” al alumnado de la Formación Básica Inicial (FBI) a permanecer matriculado en esta enseñanza un máximo de 4 años.
Se trata de la Orden de 27 de octubre de 2021, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2017, que establece las normas de organización y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), y en la que se especifica, a través de su punto 2.3., que “el alumnado de la formación básica inicial podrá permanecer matriculado en dicho periodo formativo, como máximo, dos cursos académicos adicionales al número de cursos establecidos con carácter general a dicho periodo”.
Los directores consideran esta normativa “extremadamente restrictiva” y aseguraron que se está vulnerando el derecho a la educación permanente a lo largo de la vida. “Es una medida que va a afectar en la actualidad a 4.457 alumnos y a unos 210 grupos en Canarias, aproximadamente, por lo que, en un periodo máximo de 4 cursos, quedaría afectado un 80% de este alumnado”.
Según la justificación que reciben por parte de la Administración Pública a la publicación de este punto en particular, es que los alumnos podrán promocionar a secundaria, sin embargo, “este no es el objetivo de este alumnado, ni podemos plantear que en cuatro cursos puedan haber adquirido las competencias necesarias para poder cursar la siguiente enseñanza”, según afirmaron los representantes.
Ante esta situación, pusieron varias quejas en la Diputación del Común para pedir la mediación de la Institución con el presidente y la consejera de Educación, en aras de que se lleve a consulta los contenidos de esta Orden para que sea derogada; así como para que se produzca un diálogo con el fin de conseguir la participación de los responsables de los CEPA en el diseño y regulación de la Educación de Adultos en el Archipiélago.