La jurista responsable del Departamento Jurídico de la Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (ACUFADE) trasladó a la adjunta de Igualdad y Violencia de Género la realidad que vive el colectivo
Beatriz Barrera aseguró que atender y cubrir las necesidades de las cuidadoras no solamente es una obligación, sino una necesidad
La adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, se reunió con la directora y la responsable del Departamento Jurídico de la Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (ACUFADE), Elena Felipe y Emma Colao, respectivamente, quienes trasladaron la situación que viven las cuidadoras de personas dependientes en Canarias y pidieron garantizar la defensa de los derechos del colectivo.
La Asociación alertó sobre las diferencias que existen en la gestión de los cuidados entre las distintas comunidades autónomas de España. Así, expusieron que, mientras Canarias aún está en el primer ciclo de solventar la raíz del problema, en otras comunidades ya van por la segunda o tercera fase de mejorar las condiciones y las prestaciones, así como de llevar a cabo el aumento de los recursos o la modernización del sistema de acogida para la prevención y promoción de la autonomía.
Asimismo, Colao destacó la escasa preocupación que muestra la Administración por la situación de estas cuidadoras, y sostuvo que este desinterés “se debe al hecho de que es un asunto de mujeres, ya que la carga en el cuidado reside históricamente en ellas, y porque mientras haya mujeres que reciban la carga esclava de un trabajo no remunerado y no reconocido, muchos hombres podrán seguir ocupando sus privilegios y sus puestos de trabajo y altos cargos funcionariales”.
Por su parte, la adjunta agradeció la información aportada por la Asociación y aseguró que estas reivindicaciones serán trasladadas al Defensor del Pueblo al tratarse de un asunto estatal, “pero de forma paralela y, desde la Adjuntía de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, trabajaremos y le haremos un seguimiento a esta situación, ya que hay una serie de cuestiones que sí pueden ser tratadas a nivel autonómico”.
Barrera aseveró que “atender y cubrir las necesidades de estas cuidadoras no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión. Además, la mejora de estas profesionales es una obligación para las administraciones y una necesidad para el colectivo”.