El Diputado del Común intervino en la Comisión Parlamentaria de Obras Públicas para presentar el Informe Extraordinario sobre la situación de la Vivienda en Canarias desde una perspectiva social
El Diputado del Común, Rafael Yanes, presentó el Informe Extraordinario sobre “La situación de la Vivienda en Canarias desde una perspectiva social”, en la Comisión Parlamentaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda en el Parlamento autonómico. Al acto también asistieron la adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, y los asesores, Oliver Fariña y Yésica González.
Durante el debate, Yanes hizo algunas reflexiones sobre los asuntos más destacables del Informe. “No pretendemos decirle al Gobierno lo que debe hacer para cumplir con el artículo 47 de la Constitución, sino ofrecer un documento para el debate. Para ello hemos presentado 39 propuestas con posibles líneas de actuación”.
El Diputado del Común expresó su preocupación por la gravedad del problema: “los precios de la vivienda en Canarias, tanto para la compra como para el alquiler, han experimentado una subida desmesurada y esta Comunidad Autónoma cuenta con un 36% de su población en riesgo de exclusión social”.
El Informe contiene datos relevantes que pueden ayudar a reflexionar sobre la problemática de la Vivienda que sufre el Archipiélago. Según Yanes, “la Administración debe contar con un número suficiente de viviendas públicas para satisfacer la demanda de aquellos que no pueden afrontar los altos costos del mercado libre. La creación de un parque público de viviendas es crucial para garantizar el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma”. Y añadió: “es necesario un gran acuerdo político que supere las alternancias que se producen en el Gobierno”.
Por último, el Diputado del Común hizo hincapié en que “los inmuebles deben tener una calificación perpetua de su carácter público, de manera que nunca puedan perder esa condición y siempre estén disponibles para el alquiler social. Se debe garantizar una gestión eficaz para evitar prácticas fraudulentas en la propiedad pública”. Y concluyó: “El derecho a la vivienda es el derecho a una vida digna”.