Resolución por la que se recordó el deber legal de primar el interés superior del menor en la toma de cualquier medida por parte de las Instituciones públicas; así como el de acompañar, los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamento, de una memoria de análisis de impacto normativo sobre la infancia y la adolescencia.
También se recomendó la creación de un grupo de trabajo especializado para la tarea referida y la elaboración de un protocolo de coordinación interdepartamental para el cumplimiento de la finalidad expuesta.